Lucía escribió un comentario que es profundo y que creo que merece un comentario, porque está muy argumentado. Por otra parte, me parece muy bien que me lleven la contraria, porque es bueno dialogar y confrontar nuestras opiniones con los que no piensan como uno. Pongo las palabras de Lucía en granate y mi comentario en color negro:
La unidad es positiva cuando es aceptada libremente y no por imposición.
La soberanía (y también las instituciones que regulan la soberanía popular) no son aceptadas libremente. Al revés, ellas son las garantes de la libertad. Si una institución constitucional ha de ser cambiada, no se cambia porque sea aceptada o no, sino según los mecanismos que regule la misma constitución. Si el 51% de los ciudadanos españoles quisiera que los miembros del Tribunal Constitucional se eligieran democráticamente, eso no bastaría. Para cambiar el método de constitución de ese alto tribunal solo se podría hacer a través de los métodos que marca la misma constitución española. En ese caso, lo que piense la mayoría (el 51% de la población) no basta. La formación de ese alto tribunal se le impone a los ciudadanos, incluso aunque la mayoría quisiera otro sistema. Y eso es justo. Las instituciones jurídicas constitucionales no están sujetas a lo que diga la mayoría en cada momento.
La mejor manera de saberlo es siendo demócratas de verdad, que no de palabra, dando la voz al pueblo al estilo de los referendums de Escocia y Canadá, como bien dice Fortea.
En las democracias, no todo se puede decidir democráticamente. Para que sea un Estado de Derecho, la Ley pone límites a lo que se puede decidir. Todos los sistemas constitucionales del mundo, incluidos los más democráticos, expresamente blindan la soberanía. Pero solo ha habido esas dos excepciones citadas. También Alemania prohíbe negar el Holocausto. Pero esa es una ley muy debatida entre los juristas.
La legalidad vigente no puede inclinar la balanza sólo a un lado del conflicto no es justo, quedaría la mitad de la población defraudada e impuesta al castigo de no poder dar su opinión en un tema tan trascendente.
Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, lo que se impone es la fuerza de la Ley. En este conflicto, se haga lo que se haga, una mitad de los catalanes va a quedar defraudada.
No es delito dar la opinión. Lo que es delito es que la autoridad inferior desconozca la ley de la nación. En todo país, quebrantar la Ley conlleva una pena.
El nacionalismo y en concreto los independentistas deben de defender sus posturas sin odios, efectivamente, pero el poder central debe de buscar soluciones políticas a un problema político que se le escapa de las manos y que se enconado día tras día con su cerrazón.
Un problema político que se le escapa de las manoses un modo eufemístico de definir la campaña de indoctrinamiento y discriminación que se ha llevado desde la Generalitat desde hace años.
No puede haber diálogo alguno cuando a una de las partes, por defender su postura, se le dice ha caído en la cerrazón. Si los nacionalistas defienden la independencia con el 50% de los votos, defienden la libertad, un derecho. Si los unionistas defienden la unidad, caen en la cerrazón y no tienen altura miras.
Lo mínimo que se requiere para un diálogo es considerar al otro tan igual como uno mismo, y con iguales derechos. Pero si, tras el diálogo, no hay acuerdo, la Ley no por eso se suspende. La soberanía nacional, por propia definición, no admite suspensión en sus funciones. Sí que admite el pacto, eso sí. Pero nunca un estado de suspensión. Pueden suspenderse temporalmente las funciones del parlamento, por ejemplo, cuando se disuelven las cámaras. Podría poner otros ejemplos de otras instituciones. Pero la soberanía nacional nunca se suspende, por definición.
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Esta estatua se llama "El ejecutor de la Ley"
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